Cuando el huracán Idalia azotó Florida el verano pasado, un árbol cayó directamente sobre un remolque ocupado por una familia de trabajadores agrícolas migrantes en el condado de Hamilton. No podían costear mudarse, ni siquiera temporalmente, así que la familia de seis integrantes simplemente recogió las cosas que pudieron salvar y continuaron viviendo alrededor del árbol podrido.
“Fue indescriptible,” dijo Victoria Gómez de la Torre.
Cuando Gómez de la Torre, supervisora de programas en el Programa de Educación Migrante Multicondados de Alachua, visitó a la familia para entregarles alimentos y suministros después de la tormenta, vio que faltaban partes del piso del remolque. La perilla de la puerta principal no era más que un trozo de cuerda atado a un clavo. “Viven en modo supervivencia”, dijo Gómez de la Torre.
Después del paso de Idalia, las zonas agrícolas y los trabajadores agrícolas de la parte rural de Florida fueron ignorados por los esfuerzos federales, estatales y locales de respuesta ante emergencias, según un nuevo reporte publicado el jueves por el Natural Hazards Center y cubierto en exclusiva por Grist. El informe refuerza cómo es que el actual ciclo de gestión de desastres le está fallando cada vez más a las mismas comunidades que suelen ser las más afectadas por los fenómenos meteorológicos extremos.
“Es una cuestión de vida o muerte,” indicó Miranda Carver Martin, la científica social de la University of Florida que dirigió el informe. “Todo está en juego.”
Martin y sus coautores, Amr Abd-Elrahman y Paul Monaghan, hallaron que, en los días y semanas posteriores al paso de un huracán, los esfuerzos oficiales de la gestión de emergencias están plagados de lagunas que contribuyen al peligro que enfrentan las comunidades de trabajadores agrícolas.
Esas lagunas se encuentran principalmente en la infraestructura de los datos públicos. Uno de esos conjuntos de datos públicos que frecuentemente utilizan los planificadores de emergencias y los funcionarios públicos para identificar a la gente que necesita más apoyo en caso de desastre es el Índice de vulnerabilidad social producido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés).
Aunque este índice recopila datos sobre el estatus socioeconómico, la pertenencia a minorías raciales y étnicas, tipo de vivienda y medios de transporte, no incluye estatus migratorio, algo que se sabe exacerba las vulnerabilidades sociales. Tampoco tiene en cuenta el tipo de empleo en los hogares, aunque los trabajadores agrícolas se encuentran entre los trabajadores peor pagados del país.
“Idealmente este sería un derecho público al alcance de todos, que todos pudieran estar seguros durante una tormenta. Pero la triste realidad es que son muchas las organizaciones religiosas, organizaciones de trabajadores agrícolas y organizaciones que brindan servicios a inmigrantes las que están interviniendo para llenar esos vacíos”, señaló Martin.
Entonces, los autores del informe crearon su propio marco de trabajo — adaptado a la comunidad de trabajadores agrícolas del centro norte de Florida — que tiene en cuenta el estatus de ciudadanía de las personas, la precariedad laboral, la situación de la vivienda, el lenguaje preferido y las opciones de transporte. A partir de ahí, cruzaron los datos geográficos estatales con aquellos factores de vulnerabilidad para trazar un mapa de dónde vive la gente y dónde se ubican los sitios de desastre más usados, como escuelas. Este tipo de mapa, con información más precisa sobre la gente y sus necesidades, podría usarse para ayudar a las agencias públicas a crear planes de respuesta para emergencias más efectivos.
Pero la falta de datos localizados sobre dónde se concentran las poblaciones de trabajadores agrícolas impidió que incluso Martin y sus colegas pudieran completar el mapa.
La segunda mejor opción, señaló Martin, es un panel digital del Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola, que combina muchas fuentes de datos públicos existentes sobre los trabajadores agrícolas a nivel nacional, estatal y de los condados con los hallazgos del Censo de Agricultura de EE.UU., así como información sobre los trabajadores H-2A, o aquellos con una visa temporal, que históricamente han sido excluidos de otras encuestas federales clave sobre trabajadores agrícolas.
Sin embargo, una limitante de esto es que la planeación para emergencias necesita realizarse a escala hiperlocal para que sea más eficaz a la hora de abordar las vulnerabilidades de cualquier población. Otro inconveniente es la temporalidad de la información, ya que las fuentes nacionales como el Censo de Agricultura solo se actualizan una vez cada cinco años. Además, la herramienta no recopila datos a nivel de distrito censal — pequeñas subdivisiones de condados que albergan a un par de miles de residentes —, lo que brindaría un contexto esencial para asegurar que la gente en zonas de alta necesidad reciba los recursos adecuados.
“Faltan muchas cosas en ese panel,” dijo Martin, quien señaló que el amplio rango de indicadores de vulnerabilidad social que identificaron para la población de trabajadores agrícolas en una franja de Florida subraya la importancia de los datos a nivel de distrito censal. “¿En dónde ubicamos servicios específicos? ¿En dónde habilitamos refugios? ¿En dónde brindamos apoyo adicional?”
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Además, el reporte concluyó que una idea clara de los servicios de acceso lingüístico disponibles para aquellos con un dominio limitado del inglés a nivel comunitario es una de las medidas de vulnerabilidad más importantes que hacen falta en los programas de manejo de desastres. Las zonas en donde las comunicaciones multilingües están ampliamente disponibles por parte de las agencias públicas tienen una baja vulnerabilidad social, mientras que las regiones en donde todo se ofrece en inglés tienen lo opuesto.
“No es el hecho de que alguien hable español lo que inherentemente le impide resistir fácilmente a un huracán. Sí lo es el hecho de que no le estén brindando servicios en el idioma que habla,” afirmó Martin. “Ese es el tipo de cosas que creo que necesitamos monitorear, para que las instituciones públicas se hagan responsables de asegurar el bienestar de toda la comunidad.”
Es absolutamente crucial que la información sobre emergencias exista en idiomas más allá del inglés, como también métodos mejorados de comunicación local que reflejen qué medios utiliza una comunidad, indicó Fernando Rivera, un sociólogo que estudia desastres en la University of Central Florida. Él señala cómo esto es particularmente necesario en un estado como Florida, en donde un estimado del 30.2 por ciento de los hogares hablan un idioma distinto al inglés. Un estudio que dirigió en 2015 refuerza el hecho de que los problemas de acceso al idioma que impiden desproporcionadamente que los trabajadores de la parte rural de Florida reciban ayuda han persistido por casi una década — si no es que más.
“Seguimos viendo los mismos problemas,” dijo Rivera. “Esto es consecuencia de las desigualdades que tenemos dentro de nuestro sistema, ¿cierto? Desafortunadamente, los trabajadores agrícolas [son] una congregación que no cuenta con un grupo de presión fuerte que pueda hacer de esto un asunto de la agenda principal a nivel federal o estatal.” La ley federal, así como las políticas de FEMA sobre el acceso al idioma, exigen servicios de traducción accesibles en caso de desastre. Pero la aplicación de la ley es otra historia. El sitio web de manejo de emergencias del estado de Florida usa Google Translate para que sus recursos estén disponibles en 133 idiomas, según reportó Central Florida Public Media, pero los nuevos enlaces “suelen dirigir a contenido que solo está en inglés.” Y las organizaciones comunitarias que atienden a trabajadores agrícolas en todo el estado dicen que los recursos relacionados a huracanes que han sido traducidos del inglés, o incluso los sitios de ayuda en caso de desastre que son atendidos por personas que hablan español o lenguas indígenas, son escasos e inconsistentes.
Victoria Gómez de la Torre, del Programa de Educación Migrante Multicondados de Alachua, un programa federal del Departamento de Educación de la Florida, dice que comúnmente ve que la información sobre la preparación para tormentas y los refugios locales que las escuelas envían a casa con los niños se proveé solo en inglés. “Todos necesitamos estar conscientes de que el cambio climático no está esperando a que nos organicemos. Ya está aquí. Estos megahuracanes solo van a aumentar. Y [los trabajadores agrícolas] todavía están excluidos de cualquier tipo de recursos y ayuda. Así que necesitamos planificar,” señaló Gómez de la Torre.
La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por su siglas en inglés), que trabaja en conjunto con los gobiernos estatales, locales y tribales, es la principal entidad federal que brinda a la gente asistencia gubernamental después de un desastre importante. Pero, esos fondos están disponibles solo para residentes con estatus de ciudadanía legal, o para aquellos que cumplen con requisitos específicos. (Aproximadamente, 40 por ciento de los 2.4 millones de trabajadores agrícolas del país no cuentan con autorización para trabajar).
Los autores del informe argumentan que los funcionarios públicos y las agencias, incluyendo a FEMA, necesitan trabajar con organizaciones comunitarias para incluir a las poblaciones de trabajadores agrícolas en la planeación de emergencias. Pero los organizadores en Florida dicen que no han escuchado mucho — si no es que nada — sobre esas entidades, ni antes ni después de fenómenos meteorológicos extremos. “FEMA, existe,” dijo Giovana Perazzo, trabajadora de salud comunitaria en el Rural Women’s Health Project de Gainesville. “Ellos organizan sus refugios, a veces organizan colectas de alimentos y cosas así. Pero no tenemos mucha información sobre ellos.”
Inmediatamente después de Idalia, las familias del condado de Gilchrist con las que Perazzo trabaja le dijeron que no tenían idea de qué hacer o a dónde ir luego del azote de la tormenta. “No sabían en dónde iba a estar FEMA. No tenían información alguna”, reveló. Ella teme que esta desconexión solo empeore, ya que últimamente ha notado que el creciente sentimiento antiinmigrante perpetrado por quienes formulan las políticas y la legislación estatal dirigida a los inmigrantes está provocando que la comunidad tenga aún más miedo de las instituciones gubernamentales que dirigen operaciones de ayuda.
Un portavoz de FEMA le dijo a Grist de forma anónima que trabajó “de la mano” con el estado de Florida durante Idalia, desplegando recursos y personal para ayudar a las comunidades locales. Esto incluyó la operación de centros de recuperación de desastres, en donde la agencia dice que brindó a los sobrevivientes servicios de interpretación lingüística y traducción en español, ruso, chino simplificado, criollo haitiano, alemán, coreano, portugués, tagalo y vietnamita. “Nos preocupa profundamente que los trabajadores agrícolas sintieran miedo durante el proceso de recuperación, y trabajamos de cerca con nuestros aliados federales, funcionarios estatales y locales, y organizaciones comunitarias para garantizar que todos tengan acceso a la ayuda que necesitan,” dijo el portavoz de FEMA.
El informe del Natural Hazards Center descubrió que Idalia no solo expuso y exacerbó las desigualdades preexistentes que enfrentan los trabajadores agrícolas de Florida, particularmente aquellos que tienen un dominio limitado del inglés y un estatus legal indocumentado, sino que también imitó un patrón de exclusión de la ayuda que se observó después del incendio forestal Thomas en California y durante la pandemia de COVID-19. Los autores sostienen que hasta que se añadan indicadores más inclusivos a las evaluaciones de vulnerabilidad social, y el papel de las organizaciones comunitarias se centre en la planeación de desastres y en los procesos de toma de decisiones, los trabajadores agrícolas continuarán, en gran medida, siendo excluidos de las iniciativas de auxilio.
En lugar de seguir esperando a que los funcionarios se movilicen para abordar estos asuntos, una coalición de grupos en todo el estado se está uniendo para elaborar sus propios planes centrados en sus comunidades, según reveló Dominique O’Connor, de la Farmworker Association of Florida. Apenas comienzan con esto, pero están investigando, condado por condado, qué documentos de identificación se requieren para tener acceso a los servicios de apoyo en caso de desastre, el alcance de los servicios de mensajería o los sistemas de notificación en idiomas distintos al inglés, así como planificando ubicaciones para refugios y distribuciones.
La coalición quiere crear un mapa de recursos, indicó O’Connor, o al menos obtener una imagen más clara sobre estos sistemas antes de la siguiente crisis. “Aunque no necesariamente tenemos la capacidad o los medios, estamos tratando de llenar los vacíos,” añadió.
“Me han dicho que la temporada de huracanes será brutal. Me estoy preparando para ello.”
Lyndsey Gilpin contribuyó en la realización de este artículo.
